¿Hasta cuándo algunas autoridades
seguirán utilizando recursos públicos para las actividades proselitistas o
propaganda direccionada en favor de algunos candidatos de sus agrupaciones
políticas por la cual salieron elegidos? Lo que ocurre en La Banda de Shilcayo
es indignante.
Al alcalde fujimorista Luis Neira
León no se le ocurrió mejor idea que utilizar los recursos públicos de la
municipalidad para hacer propaganda proselitista a favor de la reelección del congresista
Rolando Reátegui Flores. ¿Cómo? A través de una cartilla informativa que
repartieron a la población sobre el pago de sus tributos municipales.
En la galería de fotos mostrando
las obras de la gestión de Luis Neira se observa una con el cuestionado congresista
fujimorista junto a niños del distrito después de una chocolatada navideña.
¿Por qué pusieron la foto del parlamentario si él no es autoridad ni
funcionario de la comuna bandina? Está más claro que el agua: hacerle
propaganda a la reelección de Rolando Reátegui.
Lamentablemente el uso de
recursos públicos en actividades proselitistas es un tema que hasta ahora no
queda claro en el común de la población que va a elegir a las próximas
autoridades nacionales. Yo diría que casi nadie conoce sobre las normas, las
prohibiciones y sanciones a las cuales están sujetos las autoridades,
funcionarios o servidores públicos cuando hacen uso indebido o irregular de
dinero o bienes del Estado para fines proselitistas, hecho que está totalmente
prohibido.
Repartir estas cartillas con la
foto del parlamentario es una manera disimulada de inducir a la población a
votar por él. Lo peor es que todo este trabajo lo hizo el personal de la
municipalidad. Otro hecho que suelen ocurrir disimuladamente durante la campaña
y utilizando recursos públicos es la realización de pintas en las paredes, las
famosas “portátil” con trabajadores de la entidad estatal, y hasta les obligan a
asistir a reuniones partidarias, casi siempre bajo la amenaza de perder su
trabajo si no asisten. ¿Eso ocurre en la Municipalidad de La Banda de Shilcayo?
Sólo los trabajadores lo saben.
La ciudadanía tiene que saber que,
respecto al uso de los recursos públicos en campañas proselitistas, existen
normas, prohibiciones y sanciones para este tipo de hechos. Según expertos en
el tema, la pena puede llegar hasta la suspensión del ejercicio de las
funciones de la autoridad o funcionario, y hasta ocho años de cárcel según el
Código Penal.
Pero hay que tener en cuenta que
no sólo el congresista Reátegui se estaría beneficiando con la plata de toda la
población bandina. También la Parlamentaria Esther Saavedra ha sido acusada de
utilizar recursos del Congreso de la República para su campaña a la reelección
por el partido fujimorista.
Es hora de que la población diga
¡basta! frente a estos actos en donde los más perjudicados son quienes no
tienen acceso a agua, pistas, seguridad, salud, etc. Es hora de que las
autoridades de una vez por todas cumplan con sus funciones. El Jurado Nacional
de Elecciones tiene que investigar el tema. El Ministerio Público y todas
aquellas instancias que regulen el proceso electoral. Pero sobre todo, debe ser
la ciudadanía quien castigue al partido
político y candidato no votando por ellos en las próximas elecciones presidenciales
y congresales. ¡Postulen con la suya señores!
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