martes, 23 de febrero de 2016

El oportunismo y la doble moral

En estos pocos años que me desenvuelvo en el oficio periodístico, y al mismo tiempo participando en política no partidaria, he conocido a personas de todo tipo. Gente honesta, respetuosa y con principios muy claros. Gente admirable por su capacidad intelectual y sobre todo por su consecuencia con sus ideales, de quienes aprendí muchísimo en estos últimos años. Personas que definitivamente también influyeron mucho en mi formación y en mi carácter.

En el ambiente de participación política conocí a un grupo de jóvenes y adultos. Indiscutiblemente aprendí más de la generación con más años. En el camino hice amigas y amigos de ambos lados. Con los jóvenes compartíamos largas horas de debate, discutiendo de algún tema en común, por lo general de política. Existía mucha discrepancia, pero siempre con argumentos que nos permitían aprender cada día más de unos y otros.

Coincidíamos en un aspecto importante de la política: debíamos impulsar el cambio. Era un compromiso. Promovíamos los valores democráticos, éticos, respeto, tolerancia, ciudadanía, coherencia, etc. Asistíamos a un sinnúmero de capacitaciones dentro y fuera de la región. Algunos tuvimos la oportunidad de ganar algunas becas para reforzar nuestros conocimientos. Un buen grupo de jóvenes asumimos compromisos que hasta ahora siguen vigentes.

Organizamos cursos, talleres, debates entre candidatos a algún cargo público, ferias educativas, foros, conversatorios, etc. Una serie de actividades con el fin de promover y convencer de que sí era posible cambiar la política al cual nos habían acostumbrado, la misma que algunos todavía la rechazamos. Y así fue. Ahora el grupo ha crecido, se ha renovado y aún tenemos la esperanza de cambiar y poner la política al servicio del pueblo. Esta coyuntura electoral nos pinta un ambiente sombrío para quienes creemos en los principios, en la consecuencia como valores ciudadanos.

Y justamente por eso debo decir con mucha pena y lástima que algunos jóvenes, a quienes consideré mis amigos, ahora los veo embriagados con los cócteles del oportunismo. Con las idas y vueltas de la doble moral, y tan frívolos con plata como cancha. Otros que con biblia en mano y en nombre de Dios se van con su estrella opacada por la corrupción. Amigas y amigos con quienes siempre hemos criticado y asqueado estas formas de politiquería. ¿Qué diablos les ha pasado? No lo sé. Asumo que nunca lo dirán por vergüenza, aunque para ser sincero ahora dudo mucho que conozcan ese sentimiento.

En años anteriores este grupo de jóvenes se indignaban cuando veían a un candidato/a acusado de corrupción postulando a algún cargo, ahora los veo pegando sus afiches de campaña, alzando entre hombros e invitando a votar por ellos. Defendiendo a capa y espada lo que antes en un momento de sobriedad criticaban y rechazaban tajantemente. ¿Con jóvenes así, de qué cambio estamos hablando? 

Las campañas electorales, entre otras cosas, nos muestran el oportunismo y la doble moral de la gente. Jóvenes que antes  predicaban el cambio y la  renovación de la política para ponerla al servicio de los demás, con decencia y consecuencia, ahora se alquilaron o vendieron al poder de turno, o al candidato con la mejor oferta, son los que más daño causan a la democracia. Exigen a otros candidatos o candidatas lo que ellos no pudieron cumplir. ¡No me jodan hipócritas!

lunes, 22 de febrero de 2016

¡Despierte gobernador Noriega!

¡Lo que ocurre en el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo es vergonzoso! El gobernador regional Víctor Noriega Reátegui hasta el momento no se ha pronunciado, dando a entender que para él no sucede nada, mientras la institución cada día se va desprestigiando por los numerosos casos de presunta corrupción de esta gestión fujimorista. Veamos algunos casos.

Primero: el administrador Marcos Augusto Rodríguez Chu fue denunciado por discriminación y agresión física contra el conserje de esta unidad ejecutora del gobierno regional de San Martín, que supuestamente está liderada por el gobernador Víctor Noriega Reátegui.

Segundo: un hecho de presunto favorecimiento laboral a familiares directos del jefe de imagen institucional, Fredy Vilca García. Contratos con jugosos sueldos generaron muchas suspicacias entre los trabajadores del PEHCBM.

Tercero: un guardaparque del ACR Cordillera Escalera es descubierto trabajando en la casa de su propia jefa cuando debió estar en el campo realizando su trabajo por el cual fue contratado. Los funcionarios del PEHCBM trataron de ocultar el hecho a como dé lugar.

Cuarto: el ecoguerrero Iván Rojas, miembro del comité de gestión del ACR Cordillera Escalera, denunció que un funcionario del PEHCBM ordenó que lo bajen del carro en el que se trasladaba con otros trabajadores de la mencionada unidad ejecutora del gobierno regional de San Martín. ¿Por qué lo bajaron y quién dio la orden?

Quinto: el jefe del ACR Cordillera Escalera, Ing. Ricardo Larenas Riva, reconoció públicamente haber autorizado verbalmente la construcción de obra en zona de conservación sin tener en cuenta los estudios de impacto ambiental, y peor aun violando la normativa en materia ambiental.

Sexto: esto es increíble. El gerente general del PEHCBM, Eduardo Vásquez Contreras, reconoció en un programa radial que fue él quien ordenó que le bajen del carro al ecoguerrero Iván Rojas, impidiendo su trabajo y lo más grave, poniendo en riesgo su vida.  Esto dijo el gran gerente: “Yo efectivamente. Yo lo reconozco, no tengo problemas. Sí, yo ordené que se baje, y reconozco públicamente”.

Séptimo: La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarapoto determinó aperturar investigación preliminar en contra de Eduardo Vásquez Contreras, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y discriminación en agravio del ecoguerrero Iván Rojas García.

Esto es la gestión fujimorista. Una institución que diariamente hace noticia, y no precisamente por sus logros en favor de la población, sino por las presuntas irregularidades que vienen cometiendo sus funcionarios, empezando por el gerente general del PEHCBM, Eduardo Vásquez Contreras.  A confesión de parte, relevo de prueba, señores del Ministerio Público. Gobernador Víctor Noriega, si algo de respeto tiene por la población sanmartinense y por su propia gestión, haga algo. ¡Despierte! No permita que inescrupulosos sigan desprestigiando más al PEHCBM.

jueves, 18 de febrero de 2016

¿Noriega provoca al JNE?

La gestión fujimorista al frente del gobierno regional de San Martín, representada por el gobernador Víctor Noriega Reátegui, no da muestras de respeto a los organismos electorales y mucho menos a la población sanmartinense. Pese a que las leyes prohíben el uso de recursos públicos con fines electorales, y tras haber sido advertido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y  la Defensoría del Pueblo, al gobernador Víctor Noriega poco o nada le importa.

Una muestra de ello es el material de difusión del proyecto Impulso Joven. El banner que utilizan en las diferentes actividades lleva el color naranja característico del partido fujimorista. Esto es un claro ejemplo de proselitismo político a favor de Fuerza Popular y además una clara muestra de violar el principio de neutralidad que exige la ley en este proceso electoral, y peor aun utilizando recursos públicos, es decir de todos los sanmartinenses.

Ya en enero de este año, el JNE le abrió un proceso sancionador al gobernador Víctor Noriega por haber ordenado pintar todas las oficinas y sedes del gobierno regional de San Martín de color anaranjado. También la Defensoría del Pueblo observó dicha decisión, ya que vulnera los principios de neutralidad y legalidad.

También le recordaron a Noriega que Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley del Código de Ética de la Función Pública disponen que las autoridades y funcionarios deben respetar el principio de neutralidad y están prohibidos de hacer proselitismo a través de bienes o recursos públicos. De igual forma, lo hizo su asesor legal quien le advierte que el pintar las oficinas del gobierno de color naranja, va contra las normas vigentes y le recomienda tomar en cuenta las observaciones de la Defensoría del Pueblo a fin de evitar posteriores procesos sancionatorios.

Al gobernador regional no le importó la observación de la Defensoría del Pueblo y mucho menos la advertencia de su asesor legal. Se sentó en los informes. Continuó con su decisión; hasta que el Jurado Nacional de Elecciones, a través del Jurado Electoral Especial de Lima Centro – 1, determinó iniciar un proceso sancionador por infracción a las normas de neutralidad electoral al haber ordenado el pintado de los locales institucionales pertenecientes al gobierno regional de color naranja, color que identifica al partido político Fuerza Popular.

Pero eso no ha sido suficiente para el gobernador. Pese a que le podrían sancionar, continúa utilizando el color anaranjado en bienes y eventos públicos. ¿Esta vez las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones procederán a sancionarlo? Ojo: no sólo se trata de transgredir las normas, no solo está violando el principio de neutralidad al ser autoridad, sino está utilizando los recursos de todos los sanmartinenses para favorecer la campaña política del fujimorismo como ya lo advirtió el JNE. La Defensoría del Pueblo debe intervenir para impedir este claro ejemplo de desobediencia y rebeldía a dos instituciones que velan por los derechos de la población.

miércoles, 17 de febrero de 2016

La factura que se le viene a Noriega

Ha pasado más de un año desde que el gobernador fujimorista Víctor Noriega Reátegui asumió las riendas del gobierno regional de San Martín, y hasta el momento no se ha notado su liderazgo para dirigir la región. La población observa a un gobernador inseguro y sin capacidad de reacción frente a los problemas que afectan a las provincias, distritos y comunidades. Desde que inició la gestión fujimorista, las denuncias por presuntos hechos de corrupción han sido una constante.

Las demandas de los diferentes sectores para solucionar sus problemas también son una constante. A todo esto acompaña a Noriega una serie de denuncias a sus funcionarios de confianza, quienes no han salido a responder y aclarar contundentemente lo que ha generado el rechazo de la población. Lo más penoso es que el gobernador tampoco se pronuncia evidenciando un silencio cómplice.

La indiferencia a los problemas de la región empiezan a pasarle la factura al gobernador Víctor Noriega Reátegui. Muestra de ello son las declaraciones que recientemente hizo el secretario regional de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud - FENUTSSA, Arturo Gómez Zumaeta.  “Estamos cansados de esperar, ya no creemos en su palabra. El señor Noriega es indolente ante la problemática que existe en cuanto a la salud de la población de San Martin y por eso buscaremos su vacancia”.

Justamente estos problemas evidencian la inexperiencia de esta gestión fujimorista. Y una actitud que preocupa mucho a los diferentes sectores que vienen demandando atención a sus problemas es la indolencia de Noriega, a pesar de ser médico de profesión. Si el Gobernador no puede solucionar los problemas de salud que supuestamente tiene más conocimiento, ¿qué pueden esperar los demás sectores?

Definitivamente la vacancia no es la solución para una gestión deficiente como la que tenemos en la región. Más problemas y más demandas de distintos sectores se vienen para el gobierno regional de San Martín, y para poder afrontarlos los funcionarios y autoridades deben ponerse las pilas. Pero también es cierto que depende mucho del liderazgo de Noriega, y es lo que le falta; sin embargo, aún está a tiempo de empezar a trabajar y ofrecer los resultados que la población espera.

La salud es un sector tan delicado que debería ser una prioridad para esta gestión; sin embargo, no ocurre eso tal como lo denuncia el dirigente de la FENUTSSA. La falta de medicamentos en los establecimientos de salud, especialistas y la precaria infraestructura en las zonas urbanas y rurales, son muestras del abandono que padece este sector por parte del gobierno regional de San Martín. Y ni que decir de las denuncias de presuntas irregularidades en el PEHCBM.  ¿Hasta cuándo tendrá que esperar la población que menos recursos económicos tiene?

No esperemos que los problemas se agudicen, Gobernador Noriega. Ya ha pasado más de un año, plazo que le debió servir para empaparse mínimamente respecto al manejo de la cosa pública; y lo más importante, para conocer los problemas que afronta la población sanmartinense, y usted junto a su equipo plantear alternativas que solucionen o alivien las demandas de la ciudadanía. Vamos a estar atentos.

martes, 16 de febrero de 2016

Se apagó la antorcha

Julio Guzmán no va. Ayer aproximadamente a las 12 del día, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de la  Resolución N.° 093-2016-JNE, declaró improcedente la apelación del partido político Todos Por el Perú (TPP) contra la resolución del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), que ya había advertido que se cometieron irregularidades en el registro de modificación del estatuto, los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y el Tribunal Nacional Electoral, así como la modificación del símbolo partidario.

Guzmán advertido de esta decisión del JNE, pretendió presionar a este organismo electoral realizando una marcha y acampando al exterior de sus oficinas con sus militantes y simpatizantes, estrategia que no le funcionó, pues se impuso los argumentos legales y formales del ente electoral. Con esta decisión el JNE, se reafirma en su línea jurisprudencial de respeto  a la institucionalidad y cumplimiento a las normas electorales.

Bajo esos mismos términos el JNE debería investigar los procesos de elecciones internas que se dieron en Acción Popular y de la Alianza Popular entre el Apra y el PPC. Ambas planchas electorales habrían cometido irregularidades al momento de elegir a los candidatos como en el caso del partido de la palana. De igual manera, en el PPC no se habría respetado los estatutos internos para hacer la alianza con el Apra.

En el caso de Acción Popular, el mismo presidente partidario Mesías Guevara, denunció que en el proceso de elecciones de candidatos al Congreso y al Parlamento Andino, no cumplieron con lo que establece el estatuto del propio partido, que indica en su artículo 62 que se debe realizar un Plenario Nacional para proceder con este tema. Este caso de incumplimiento de las normas internas, es similar a lo ocurrido con Todos Por el Perú. Así como el JNE hizo respetar su línea jurisprudencial en el caso Guzmán, de haber irregularidades en el partido de la palana, Alfredo Barnechea debería correr la misma suerte.

En el caso de la Alianza Popular entre el Apra y el PPC, tal como denunció la revista Poder “el PPC no realizó un congreso nacional extraordinario para decidir sobre la alianza electoral con el partido de Alan García, candidato a la presidencia”, tal como lo establece el artículo N° 26 del Estatuto del PPC, indicando que son los congresos nacionales extraordinarios los que, en coyunturas nacionales electorales, deciden alianzas políticas, pactos políticos, entre otros. Insisto, el JNE tiene la obligación de investigar estos procesos internos en ambos partidos y ser igual de riguroso como lo fue con Guzmán, con el ánimo de hacer cumplir las normas electorales.

Finalmente, lo que ocurrió con Todos Por el Perú evidencia una realidad que los organismos electorales no reconocen: la fragilidad de los partidos políticos, que se traduce en informalidad, improvisación y hasta desconocimiento de las normas electorales. Y eso no sólo ocurre con los partidos “nuevos”, también con los antiguos como el PPC y Acción Popular, lo que nuevamente pone en evidencia que casi todos los procedimientos internos de las organizaciones políticas es una simulación para intentar cumplir con la Ley. Es decir, los que deciden en los partidos son los “dueños”.

Alarmante contaminación ambiental

Hace algunas semanas ha ocurrido un hecho lamentable para la naturaleza y para la población asentada en la zona. Me refiero al derrame de petróleo en el río Marañón de la selva del país. Según información que empezó a circular en las redes sociales, el 25 de enero se produjo una fuga de crudo de petróleo en el oleoducto de Petroperú, que ha generado uno de los desastres ecológicos más graves en los últimos años.
Puntualmente el hecho ocurrió en el kilómetro 441 de la conexión del río Chiriaco, en Villa Hermosa, distrito de Imaza, en Bagua, provincia de Amazonas. Según los informes de prensa, fueron aproximadamente 2 mil barriles de petróleo que se derramaron y esparcieron con la lluvia hasta llegar al río Marañón. El hecho ocurrió a fines de enero. Lamentablemente los medios nacionales recién a mediados de este mes se preocuparon por el tema y empezaron a informar.
La agenda nacional no está interesada en estos casos que a todas luces afecta terriblemente a la naturaleza a la población de esta zona. La discusión de los candidatos presidenciales no incluye los temas ambientales, mucho menos a la población afectada por la contaminación que generan las empresas extractivas, sean públicas o privadas.
Otro desastre igual de preocupante es el segundo derrame ocurrido en la zona de Morona, provincia del Datem del Marañón, región Loreto. En este caso los perjudicados son aproximadamente 3 mil 500 personas pertenecientes a 10 comunidades. Estos dos casos de contaminación afecta no solo a la población, sino también a las actividades agrícolas y a las quebradas o ríos de la zona. Se calcula que entre los dos derrames habría aproximadamente 8 mil afectados.
¿Pero qué ha pasado realmente para que ocurra el derrame del crudo de petróleo?
Hasta el momento existen dos versiones: el presidente del directorio de Petroperú Germán Velásquez, ha salido a decir que ambos derrames habrían sido por causas ajenas a la empresa estatal. Sin embargo, frente a esta versión salió a desmentirlo el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, quien dijo que “Petroperú no completó el plan de adecuación que lo obligaba a instalar monitorios inteligentes dentro de los ductos con el objetivo de identificar cualquier daño potencial en sus estructuras”.
Lo más indignante es que han contratado a la población para recoger el petróleo, es decir, que personas sin conocimiento están exponiendo gravemente su salud. Según las propias versiones de pobladores de la zona, Petroperú “ha ofrecido 10 soles por cada balde de crudo recogido en la zona derramada, ocasionando que los ciudadanos, incluyendo menores de edad se involucren en este peligroso recojo.
Según el ministro del ambiente Pulgar Vidal, “la sanción a los responsables es igual de necesaria para evitar futuros desastres”. Este tipo de atentados en contra de la naturaleza no debería repetirse jamás. Finalmente, ¿Hasta cuándo nuestros gobernantes van a ser indiferentes frente a estos hechos que atentan contra la naturaleza y la población? ¿Será un tema de debate entre las y los candidatos a la presidencia de la república estando a pocas semanas para las elecciones?

El Fujimorismo amenaza

Indignante. La actitud agresiva que mostraron recientemente en Arequipa los miembros del entorno más cercano de Keiko Fujimori contra algunas personas que se manifestaban en contra de la candidata presidencial, demuestra una vez más la verdadera cara del fujimorismo autoritario y salvaje. Lo que ocurrió los pinta de cuerpo entero y pone en evidencia que no han cambiado nada en comparación a los años 90 tal como pretender hacernos creer.

En un vídeo que fue difundido en los medios de prensa y a través de las redes sociales, se observa al congresista y secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, que insulta y persigue a uno de los manifestantes con intención de agredirle. De igual manera, en el mismo vídeo, se puede notar a la secretaria de organización y la mujer de confianza de la aspirante a la presidencia de la República, Ana Hertz Vega, quien a gritos intenta callar a los manifestantes.

Un punto que quizá pase desapercibido en estos hechos de violencia es la idea de generar temor calificando a los manifestantes de “terroristas y senderistas”, una actitud que debería preocupar a los entes electorales y abrir investigación. Esto puede ser la justificación de los fujimoristas para agredir a quienes no compartan sus formas de hacer política.

Frente a estos hechos de violencia, Keiko Fujimori salió a justificar los actos y dijo que “no es agresión, lo que ocurrió fue una defensa”. Algo que debería preocuparnos a quienes no comulgamos con el fujimorismo a la población en general y sobre todo a las autoridades es el mensaje que lanza la candidata presidencial:

“La militancia, los simpatizantes y los dirigentes de Fuerza Popular tienen derecho a defender nuestras ideas y nuestro partido. Lo que vemos en el video no es agresión, ha ocurrido una defensa”, es decir, para lo que se les viene a quienes no están de acuerdo con ellos puede ser peor. No hay duda que este fujimorismo no ha cambiado nada.

Si durante la campaña son violentos y justifican estos actos deplorables, no quiero imaginar cómo serán de llegar al poder. Algo que no debemos dejar de mencionar es que durante la agresión a los manifestantes, también arremetieron contra un periodista que registraba los hechos, acto que debería preocuparnos más, teniendo en cuenta los antecedentes del fujimorismo y la gente que aún tiene cerca a Keiko Fujimori.