La
gestión fujimorista al frente del gobierno regional de San Martín, representada
por el gobernador Víctor Noriega Reátegui, no da muestras de respeto a los
organismos electorales y mucho menos a la población sanmartinense. Pese a que
las leyes prohíben el uso de recursos públicos con fines electorales, y tras
haber sido advertido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Defensoría del Pueblo, al gobernador Víctor
Noriega poco o nada le importa.
Una
muestra de ello es el material de difusión del proyecto Impulso Joven. El
banner que utilizan en las diferentes actividades lleva el color naranja
característico del partido fujimorista. Esto es un claro ejemplo de
proselitismo político a favor de Fuerza Popular y además una clara muestra de violar el principio de neutralidad que exige la ley en este proceso electoral, y peor aun utilizando
recursos públicos, es decir de todos los sanmartinenses.
Ya
en enero de este año, el JNE le abrió un proceso sancionador al gobernador Víctor
Noriega por haber ordenado pintar todas las oficinas y sedes del gobierno
regional de San Martín de color anaranjado. También la Defensoría del Pueblo
observó dicha decisión, ya que vulnera los principios de neutralidad y
legalidad.
También
le recordaron a Noriega que Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley del
Código de Ética de la Función Pública disponen que las autoridades y
funcionarios deben respetar el principio de neutralidad y están prohibidos de
hacer proselitismo a través de bienes o recursos públicos. De igual forma, lo
hizo su asesor legal quien le advierte que el pintar las oficinas del gobierno
de color naranja, va contra las normas vigentes y le recomienda tomar en cuenta
las observaciones de la Defensoría del Pueblo a fin de evitar posteriores
procesos sancionatorios.
Al
gobernador regional no le importó la observación de la Defensoría del Pueblo y
mucho menos la advertencia de su asesor legal. Se sentó en los informes.
Continuó con su decisión; hasta que el Jurado Nacional de Elecciones, a través
del Jurado Electoral Especial de Lima Centro – 1, determinó iniciar un proceso
sancionador por infracción a las
normas de neutralidad electoral al haber ordenado el pintado de los locales
institucionales pertenecientes al gobierno regional de color naranja, color que
identifica al partido político Fuerza Popular.
Pero eso no ha sido suficiente para el gobernador. Pese a que le
podrían sancionar, continúa utilizando el color anaranjado en bienes y eventos
públicos. ¿Esta vez las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones
procederán a sancionarlo? Ojo: no sólo se trata de transgredir las normas, no
solo está violando el principio de neutralidad al ser autoridad, sino está
utilizando los recursos de todos los sanmartinenses para favorecer la campaña
política del fujimorismo como ya lo advirtió el JNE. La Defensoría del Pueblo
debe intervenir para impedir este claro ejemplo de desobediencia y rebeldía a
dos instituciones que velan por los derechos de la población.
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